El procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, ha exigido la supresión de la norma que promovió la exministra Ana Mato y que acabó con el derecho universal a la asistencia sanitaria. “Ustedes pusieron en marcha una normativa, cuyo principal problema radica en que se priorizó el control de déficit y del gasto por encima de cualquier derecho. Y en este caso el derecho a la sanidad”, ha denunciado Sarrión.
Para el procurador, que intervino en la Comisión de Sanidad para analizar la Asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles en Castilla y León, la Comunidad atraviesa por varios problemas derivados de la aplicación del Real Decreto.
El primero tiene su origen en la atención que no se produce y, en otros casos, es parcial, ha apuntado Sarrión. “Por motivos burocráticos o administrativos a la hora de afrontar determinados tratamientos las urgencias se están colapsando y los pacientes antes de 2012 no son atendidos”.
En segundo aspecto, el procurador ha recordado que la pérdida de empleo y el agotamiento de la prestación de desempleo conlleva una pérdida de la tarjeta sanitaria “para lo que hay que poner solución”.
Como tercer elemento preocupante, el procurador de IUCYL-Equo recuerda la atención voluntaria de profesionales sanitarios que han optado por la objeción de conciencia. “Los médicos atienden a los pacientes en sus horas libres, y después a estas personas que nos se les puede recetar conderecho a reducción y tienen que acceder a los fármacos a través de organismos como Cruz Roja o Cáritas”.
Sarrión también ha recalcado la preocupación de su formación política por los enfermos de VIH y las personas que ejercen la prostitución en Castilla y León.
Finalmente, el procurador ha recordado que estos preocupaciones deben solucionarse porque “el futuro de Castilla y León, a tenor de los datos de nacimientos, pasa por la inmigración” y porque “es obligación de los poderes públicos atender a los sectores más vulnerables de población”.
