Con motivo de la aprobación, el pasado 30 de octubre, de las nuevas especificaciones técnicas de funcionamiento para la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), por parte del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, cuestiona al ejecutivo autonómico sí la administración está realizando las gestiones oportunas para que no se conceda un nuevo permiso de explotación de la Central y se proceda a su desmantelamiento.
Asimismo, Sarrión interroga sobre las actuaciones emprendidas para impedir que un Gobierno en funciones “condicione” la política energética de los próximos 17 años, “intentando reabrir una central atómica obsoleta, contaminante, de combustible caro y escaso y, sobre todo, nada segura”
Las especificaciones, apunta el procurador, contemplan el funcionamiento de la Central 60 años, “prolongándose 20 años más la fecha límite para la que fue concebida”.
El procurador de IUCyL recuerda que el último accidente nuclear, ocurrido en Fukushima (Japón), “está costando al gobierno japonés 500.000 millones de euros. ¿Acaso el gobierno autonómico y central dispone de esta cantidad?”, cuestiona.
Y finalmente, concluye instando a revisar, en extensión y profundidad, la política energética de Alemania, “un gran estado miembro de la Unión Europea, cuando ha decidido el cierre de todas las centrales nucleares instaladas en su territorio”.
