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IUCyL defiende en los Juzgados la titularidad pública de la iglesia de San Francisco de Palencia

Izquierda Unida de Castilla y León ha recurrido ante el Juzgado la inmatriculación de la Iglesia de San Francisco de Palencia por parte de la diócesis al considerar, atendiendo a una demanda ciudadana, que el templo es de titularidad pública al haber comprobado que en el registro de la propiedad no figura nadie como propietario del inmueble, situado en el centro de la ciudad.

Así lo ha anunciado el Coordinador de IUCyL , José Sarrión, y el portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Palencia, Juan Gascón, en rueda de prensa.
“El templo es de todos los palentinos y, por tanto, que tenga un uso religioso no quiere decir que sea propiedad de la iglesia”, recuerda Sarrión.

IUCyL señala que hay documentos que prueban que el templo, que abandonarán los Jesuitas en junio de 2018, no pertenece a la diócesis de Palencia.

Por su parte, Gascón afirma no comprender como las instituciones “miran hacia otro lado ante lo que es un intento del Obispado palentino de hacerse con las iglesias, como está sucediendo en otros sitios”. “Vamos a ahondar en diversos aspectos y recabar información para completar esta alegación”.

La formación política señala que en 1835, en plena desamortización de Mendizábal, el antiguo convento de San Francisco de Palencia pasó a ser de titularidad estatal. Además, se produjo una venta por parte del Ayuntamiento de la ciudad hace varias décadas de unos terrenos anexos al edificio a Telefónica. Incluso, otro de los edificios próximo al templo pertenece a la Agencia Tributaria lo que, “nos hace pensar que el edificio fue desamortizado y hay indicios de que es de titularidad pública y, tras la marcha de los Jesuitas en 2018 entendemos que Palencia requiere de recursos de este tipo”.

IU-Equo presentará una PNL para abordar la cuestión relativa a la iglesia de San Francisco y a otros templos de la región que se encuentran en una situación similar, para que la Junta elabore un censo de todos los bienes públicos inmatriculados por la Iglesia Católica, y reclamará la actuación de oficio por parte de la Administración autonómica antes estos casos.

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