El pasado 23 de febrero de 2017, una vecina del municipio de Arenas de San Pedro (Ávila) acudió a la sesión plenaria del Consistorio, donde se debatía una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida que demandaba la retirada de un monumento franquista situado junto a la iglesia parroquial.
Durante el transcurso del Pleno, y dado el interés de la vecina en el asunto a debatir, pues pertenece al Foro de la Memoria Histórica del Tiétar y la Vera, se dispuso a grabar la Sesión plenaria en calidad de técnico audiovisual. Por su parte, el alcalde le indicó la prohibición de dicha actuación sin autorización previa, y un agente de la Policía Local le requirió la documentación y “amenazó” con detenerla si no acataba sus requerimientos.
La técnico audiovisual, amparada por la Constitución, alegó su derecho a grabar la Sesión plenaria y mostró su carne de prensa, identificándose con su nombre completo y DNI. El escrito de la Subdelegación del Gobierno, que recoge la denuncia de la Policía, señala que la denunciada “facilitó datos falsos e inexactos de su filiación”. Testigos presenciales señalan que en ningún momento se negó a identificarse y mostró su carné de prensa porque no llevaba en ese momento su DNI. El policía tomó nota para presentar posteriormente la denuncia y el Pleno continuó sin más incidencias. La técnico desmontó la cámara y permaneció sentada durante el resto de la sesión.
Izquierda Unida Castilla y León considera que la Policía Local actuó de manera “excesiva y precipitada” contra una profesional que en “ningún momento incumplió la ley, ni impidió el normal desarrollo de la sesión plenaria”. Asimismo, recuerda que cualquiera puede acudir y grabar un pleno sin necesidad de permiso previo y los policías deben velar por el ejercicio de este derecho y no impedirlo. Solo hay limitaciones al derecho de grabación cuando se atente contra la intimidad de alguna persona o se refiera e menores de edad.
Tras los hechos descritos, se enfrenta a una multa de 601 euros, impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por intentar grabar sin autorización un pleno.
