La coalición “En Común”, conformada por Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo, ha exigido a la Junta de Castilla y León que fiscalice a las empresas adjudicatarias de los servicios públicos en la comunidad.
La petición ha llegado tras la denuncia de las trabajadoras de “Madrugadores” que se encuentran sin material con el que trabajar superado ya el ecuador del curso escolar.
El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Junta por la coalición, Juan Gascón, ha señalado la falta de responsabilidad del gobierno regional al externar estos servicios públicos básicos.
La Junta de Castilla y León ha adjudicado este curso el servicio de Madrugadores a la empresa gallega Grupo Externa S.L. Las 300 personas que trabajan en este servicio han sido subrogadas por la nueva empresa, pero no han firmado aún su compromiso de trabajo, en progreso desde septiembre.
Alguno de los 93 centros escolares en los que se atiende a 5.000 niños y niñas no han recibido el material con el que realizan las actividades que tienen programadas, según ha denunciado la presidenta del Comité de Empresa en la Cadena SER.
“Existe una falta de responsabilidad de la Junta por externalizar estos servicios, pero es aún más criticable que ni siquiera controle lo que hacen las empresas adjudicatarias”.
Nulo control a la empresa responsable de «Madrugadores»
La respuesta de la empresa a esta denuncia ha sido emplazar a que las propias monitoras adquieran, en su tiempo libre y adelantando su dinero, el material que necesiten.
Pero las trabajadoras, que están contratadas por pequeños periodos de tiempo entre las 7 y las 9,30 horas de la mañana, se han negado a realizar las compras y exigen a la empresa que lleve a cabo este trabajo.
Este caso pone de manifiesto el escaso control que lleva a cabo el Gobierno Autonómico sobre las empresas a las que adjudica los servicios públicos, una desidia que hace recaer sobre trabajadoras y escolares la falta de responsabilidad de empresas y administración.
“Es imprescindible un cambio de rumbo en el Gobierno de Castilla y León que devuelva al sector público todos los servicios, especialmente los educativos y sanitarios, y que se preocupe de que tengan la suficiente calidad y sean respetuosos con los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras”, ha denunciado Gascón.
