La Salida en tromba de miembros del ejecutivo de Castilla y León exigiendo al nuevo gobierno de Madrid que “debe cumplir la legalidad” en relación a la mina de uranio que Berlekey quiere abrir en Retortillo, Salamanca, responde a una huida hacia adelante y a una estrategia para seguir apoyando a la multinacional australiana.
En relación a eso hay que recordar que existen varios contenciosos administrativos por probables incumplimientos en la otorgación de permisos o licencias por la Junta de Castilla y León. Así la Declaración de Impacto Ambiental (BOCYL de 8 de octubre de 2013) está cuestionada en el recurso contra la Autorización previa del Ministerio de Industria de José Manuel Soria. La Autorización de uso excepcional de suelo rústico concedida por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en julio de 2017 está recurrida por la Plataforma Stop Uranio tras la Resolución del Procurador del Común que la consideraba contraria a derecho. Y la tala de encinas del año pasado fue una barbaridad consentida por la Junta de Castilla y León pendiente también de resolución judicial en el contencioso administrativo de Salamanca.
El desvío de la carretera comarcal SA-322 acometido por Berkeley en el año 2016 fue realizado sin las autorizaciones necesarias para ello, lo que ha dado lugar a la apertura de un expediente sancionador por parte del ayuntamiento de Retortillo que ha caducado con el argumento de que no tienen medios humanos para llevar a término el mismo. La Administración de la Junta de Castilla y León permanece impasible ante los hechos consumados de la empresa Berkeley, haciendo dejación de las funciones asignadas por el Reglamento de Urbanismo en un caso flagrante como este de vulneración de la normativa urbanística.
“Esta es la lista de los incumplimientos de la legalidad que penden del gobierno de Herrera.” Explica Sarrión “la noticia, surgida la semana pasada de que el gobierno del Estado posiblemente no conceda el permiso de explotación de la mina en Retortillo, ha estimulado esta salida en tromba de consejeros de la Junta de Castilla y León en defensa de Berkeley, muy en línea con la apuesta del gobierno regional de hacer todo lo posible para beneficiar a la multinacional canadiense”.
Sarrión ha vuelto a recordar que el supuesto beneficio de esta explotación en materia de empleo para la zona no deja de ser otra patraña. “Se va a perder empleo. Esta pérdida afectará al Balneario y a un sector agrario que verá cómo la más que posible toxididad de la actividad extractiva del material de uranio, devalúa sus explotaciones y convierte la comarca en una zona yerma”.
