El pasado 19 de septiembre de 2017, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, interrogó al ejecutivo autonómico si debería iniciarse “definitivamente” una nueva evaluación medioambiental de la mina de uranio en Retortilo, a tenor de la Resolución del Procurador del Común y la afirmación del Gobierno central.
En respuesta al Grupo Compromis en el Senado a tenor de una pregunta sobre el Proyecto de explotación de la mina de uranio en Retortillo, el Gobierno de España señaló que debe ser la comunidad autónoma quien evalúe los posibles riesgos de la actividad química de los minerales objeto de explotación y/o de sus subproductos o residuos.
El ejecutivo autonómico ha respondido a IU-Equo que “no constando en el órgano ambiental que se haya producido ninguna modificación del proyecto…, nos se considera necesario efectuar una nueva declaración de impacto ambienta, debiéndose llevar a cabo el proyecto minero de acuerdo con las condiciones establecidas en la DIA dictada por Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre.
IU-Equo califica la decisión de “intolerable”, y recuerda que la administración autonómica ha aprobado la concesión de la explotación de la mina sin evaluar los riesgos que conlleva dicha actividad, y sin establecer medidas para proteger a la población de las consecuencias para la salud. Además, diversos estudios han alertado de la incidencia en la salud de trabajadores vecinos de los municipios cercanos.
