IU-Equo logra el apoyo unánime de los grupos parlamentarios de la Comisión de Empleo para que la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León pueda expedir Certificados de Profesionalidad de Informador Juvenil.
“En nuestra apuesta por la defensa de la gestión pública directa, nos hubiera gustado que la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León fuera reconocida como Centro de Medios Propios, pero creemos que se trata de un avance, que facilitará el trámite a muchos jóvenes”, ha señalado el procurador de IU-Equo, José Sarrión.
La Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno a la iniciativa presentada por IU-Equo el pasado mes de marzo, y que pretendía acabar “timo, chapuza y falta de respeto” puesto en marcha por el ejecutivo autonómico, el pasado 27 de febrero de 2017, mediante la convocatoria del proceso de selección, formación y habilitación de personal asesor y evaluador para procedimientos de reconocimiento de cualificaciones.
De esta forma, IU-Equo ha obtenido el respaldo para el reconocimiento de acreditaciones profesionales en las cualificaciones de ‘Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’, ‘Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’ e ‘Información juvenil’.
Durante su intervención, el procurador de IU-Equo ha recordado que la ORDEN EYE/867/2013, de 22 de octubre, crea el Registro de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables expedidas en Castilla y León y que establece el procedimiento de expedición e inscripción; regulándose así –tal y como establece la Disposición Transitoria Segunda-los correspondientes a la formación impartida por las escuelas de tiempo libre acreditadas por el Instituto de la Juventud de Castilla y León.
Es decir, aquellas personas con el Título de Monitor de Tiempo Libre y Coordinador de Tiempo Libre que hubieran realizado y superado el curso correspondiente en cualquiera de las Escuelas de Animación reconocidas por la Junta de Castilla y León antes de la fecha de publicación (24/10/2013) tendrían, previa Certificación del Director del Instituto de la Juventud, el derecho a obtener el Certificado de Profesionalidad correspondiente. Lo mismo ocurre con las personas en posesión del Título de Informador Juvenil, con la particularidad que en este caso la titulación deviene del propio Instituto de la Juventud (Escuela de Formación Juvenil) y no de una Escuela sujeta a reconocimiento previo.
Una situación que en la Comunidad afecta a más de 50.000 personas que han realizado los cursos; de los cuales, unas 2.500-3.000 han solicitado el certificado de profesionalidad, y pagado los 40,40 euros para su expedición.
“Hasta la fecha ninguno de los solicitantes ha recibido contestación a su solicitud, cuando la Administración está obligada legalmente a resolver el procedimiento pendiente y expedir el certificado de profesionalidad”
Por este motivo, la iniciativa aprobada instará al ejecutivo autonómico a expedir los certificados que han sido solicitados o se soliciten, y a dar contestación por escrito a todas las solicitudes.
Asimismo, se convocarán las plazas suficientes “para que en un solo proceso puedan acreditarse todas aquellas personas que cumplan los requisitos, sin necesidad de varias fases”.
Finalmente, y mediante transacción, se ha aprobado converger, en lugar de unificar, los títulos de “Monitor”, “Coordinador de Tiempo Libre” e “Informador Juvenil” expedidos por las escuelas de Tiempo Libre y la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León, con los certificados de profesionalidad vigentes.
Y otorgar la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León la capacidad para expedir Certificados de Profesionalidad de Informador Juvenil. Una medida, “insuficiente” para el procurador de IU-Equo, pero que constituye un “avance” para facilitar el trámite a muchos jóvenes. “Creemos que hay que potenciar los Centros de Medios Propios e Integrados de la Junta de Castilla y León, y que la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León debiera formar parte de ellos. Se trata de una apuesta de la administración por la gestión pública frente a la externalización de la formación a las academias”.
