• Sarrión anuncia su voto negativo a la ley del PP que prevé rebajar las condiciones para explotaciones mineras especulativas

    11/12/2018

     

    La toma en consideración sobre la Propuesta de Ley se debatirá el miércoles 12 de diciembre en el pleno de las Cortes. Este es el primer trámite parlamentario para su posterior aprobación. El gobierno de Herrera tiene prisa porque la tramitación la ha realizado por la vía de urgencia, lo que acorta a la mitad los tiempos y deja menor margen para un debate sosegado.

    “Esta ley es la confirmación de que el Partido Popular hace una apuesta por un tipo de minería que especula y no crea riqueza, además de destruir, por la agresividad de su modo de explotación, entornos naturales” ha explicado José Sarrión. “Nuestro voto mañana y también a lo largo del periodo de tramitación de esta ley, será negativo. No se puede engañar con una promesa de creación de empleo a zonas y comarcas abatidas cuando el modelo de minería que se proyecta apenas va a generar puestos de trabajo.”

    Sarrión ha aclarado que “si la ley llega a tramitarse, en el último debate, antes de su definitiva aprobación en el pleno de las Cortes, nosotros presentaremos una enmienda a la totalidad para corregir este nuevo despropósito de la Junta de Castilla y León”.

    El procurador de IU-Equo ha comentado que “sabemos lo peligrosos que resultan proyectos como las minas de feldespato en la sierra de Ávila y la mina que se está queriendo abrir en Salamanca para la extracción de uranio. Estos proyectos, de realizarse, dejarían una huella negativa y de destrucción en unas comarcas al dificultar un posterior desarrollo económico de la zona debido a lo contaminantes y lesivas que son estas explotaciones”.

    “Existen muchas vías para el desarrollo económico de la Comunidad. Pocas de estas vías se explotan teniendo en cuenta la naturaleza rural y la característica que requiere un modelo económico, basado en pequeñas y medianas explotaciones, que fije empleo en las comarcas y combata la despoblación. La producción a escala, típica de un capitalismo depredador, no sirve para garantizar el futuro de Castilla y León, y parece ser que el Señor Herrera todavía no lo ha terminado de comprender” ha concluido Sarrión.




    (12-12-2018) El PP cuela, con la abstención de Ciudadanos; la toma en consideración de esta reforma polémica de la ley:

    “El debate no es el de elegir entre empleo y medio ambiente, cosa que no es cierta. Debemos elegir entre salidas a corto plazo para nuestro medio rural o elegir entre salidas que permitan un desarrollo al corto, al medio y largo plazo. Este es el planteamiento hacia el que debemos caminar” ha expuesto Sarrión.

    Durante la toma en consideración sobre la Proposición de Ley, José Sarrión ha votado en contra por considerar que con esta iniciativa la Junta de Castilla y León abre la veda para que la comunidad se convierta en un “bufet libre” para proyectos extractivos que no van a aportar una creación de empleo significativa y que, por el contrario, van contribuir a destruir el que ya está creado en las comarcas, por el alto grado de contaminación y destrucción que tales proyectos conllevan.

    José Sarrión ha comentado que “Nuestro voto negativo a esta toma de consideración se va a prolongar también a lo largo del periodo de tramitación de esta ley. No se puede engañar con una promesa de creación de empleo a zonas y comarcas abatidas cuando el modelo de minería que se proyecta apenas va a generar puestos de trabajo.”

    Sarrión ha aclarado que “haremos todo lo que esté en nuestra mano para que, en el último debate antes de su definitiva aprobación en el pleno de las Cortes, se pueda corregir este nuevo despropósito de la Junta de Castilla y León”.

    El procurador por IU-equo ha añadido que “el objetivo de un cambio legislativo tal como el que nos propone el PP es el de arañar en la soberanía municipal y provincial para facilitar proyectos mineros que se escaparían del control de las comunidades específicas en las que estos se asientan.”

    “Esto no es estar contra la minería, es estar en contra de un modelo de desarrollo económico que solo contempla el desarrollo de las macrogranjas, la absorción de residuos de las grandes ciudades y los proyectos mineros especulativos que poco o nada aportan al desarrollo sostenible de la comunidad”

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  • José Sarrión "El apoyo a la escuela rural es una pieza clave contra la despoblación"

    José Sarrión ha presentado una iniciativa parlamentaria junto a Rubén García, portavoz del área de educación de IUCyL - 11/12/2018

    José Sarrión "El apoyo a la escuela rural es una pieza clave contra la despoblación"
    Hace 20 años, había 91.800 alumnos y alumnas en escuelas rurales en toda España. Durante el curso 2015 2016 su escolarizaron disminuyó hasta los 75.664 alumnos y alumnas en centros rurales en España, lo que representa un 17.57% del total del alumnado matriculado en estas enseñanzas, según los datos de Consejo Escolar del Estado. En Castilla y León de los 21.425 niños y niñas de 3 a 11 años que empezaron el curso en septiembre de 2007, quedan apenas 15.213 este curso 2018, lo que supone una pérdida del 29,8%.

    La despoblación de las localidades pequeñas ya no es el único gran enemigo de este tipo de centros, pues a ello se le ha unido la crisis y los recortes presupuestarios que llegan con ella y que hacen temer a docentes y familias de pueblos por un modelo de escuelas pequeñas en las que alumnos y alumnas de infantil a secundaria comparten aula y profesorado.

    Empieza a calar en determinadas políticas públicas educativas que hay que ir abandonando la escuela rural progresivamente porque, según éstas, supone "falta de igualdad de oportunidades; imposibilidad de socialización con otros alumnos de su misma edad; falta de atención, al estar agrupados en un mismo espacio alumnos con distintos niveles y falta de los medios". Sin embargo, los expertos y expertas en educación rural, muy al contrario, afirman que las escuelas rurales no solo suponen uno de los mecanismos fundamentales para combatir el desarraigo social y cultural, sino que exigen una educación inclusiva, donde el alumnado de ciclos inferiores es apoyado por el alumnado de cursos superiores, se trabaja en grupo y se aprende a cooperar. La escuela rural, insisten, obliga a repensar el sistema educativo para adaptarlo a las necesidades de un alumnado diverso y no al revés, como suele ser lo habitual. La socialización y la convivencia se hace global e intergeneracional y no únicamente con los de la misma edad, algo que deberíamos aprender a plantear en el resto de los centros educativos. Es decir, que debería ser un ejemplo y modelo de cómo plantear la educación en el sistema educativo.

    Al contrario de lo que dicen esas voces agoreras contra la escuela rural, ésta fomenta la convivencia de distintas edades en el mismo espacio, potenciando así la solidaridad y la igualdad, donde los peques ven en los mayores buenos referentes como compañeros y compañeras, amigas y protectores, fomentando el respeto mutuo. En la escuela rural se lleva a cabo una educación global adecuada a los tiempos y a su entorno, con grupos de alumnos y alumnas que permiten personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como una evaluación integral. La relación con el entorno permite favorece la experimentación y la pedagogía activa. Favorece la integración del alumnado con el medio en el que vive.

    Es cierto que desde las Administraciones se debería equipar mejor a los centros rurales si hay una apuesta clara por su pervivencia, con buenos recursos técnicos y humanos adecuados a esas edades, pero para eso se necesitan políticas públicas educativas de inversión con criterios pedagógicos, y no solo económicos. Pero debemos pensar que además del profesorado, las escuelas rurales cuentan con la ventaja de una extraordinaria colaboración de las familias. La implicación de la comunidad educativa y de todos los vecinos y las vecinas, al ser zonas rurales, supone un valor añadido impagable.

    Por eso, la defensa de las aulas rurales es, para IU, la defensa de la Educación Pública y, a su vez, la defensa de decenas de pequeños municipios de la región que ahora ven como sus más pequeños alumnos y alumnas cruzan la calle para ir a la escuela y que si desaparecen las escuelas de sus pueblos tendrán que hacer decenas de kilómetros para terminar en centros alejados de sus núcleos familiares y de convivencia. El cierre de centros unitarios es un atentado contra las zonas rurales, porque cuando un pueblo sufre el cierre de un colegio comienza su decadencia. Si en 2007 había en funcionamiento 200 CRA en Castilla y León, ahora la red es de 182 y, si hace algo más de diez años daban servicio a 845 localidades, hoy atienden a niños y niñas de 584, según los datos facilitados por la Consejería de Educación de CyL.

    Además, desde IU entendemos que cerrar escuelas rurales responde, única y exclusivamente, a buscar un ahorro a costa de la educación y seguir laminando la escuela pública en lo que es ya, claramente, un plan preestablecido. Una vez más, a la hora de tomar decisiones sobre las cuestiones que más afectan a la ciudadanía solo se pone en la balanza los números y el dinero.
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  • Izquierda Unida preguntará por la situación de la Atención Primaria Rural de Salamanca

    04/12/2018

    Izquierda Unida de Salamanca vuelve a denunciar la situación de precariedad y abandono en la que se encuentra la sanidad pública en las zonas rurales de la provincia.

    Se estima que a finales de año serán unas 160 plazas de atención primaria las que queden sin reemplazo por jubilación en la provincia, repercutiendo directamente en la calidad del servicio prestado en las zonas rurales, donde en muchos núcleos se reducirá la frecuencia de las visitas del médico a su municipio y/o la media de tiempo dedicada a cada paciente.

    El argumento de la Junta de Castilla y León para no proceder a los reemplazos es que se está estudiando una reestructuración del servicio de atención primaria en las zonas rurales, pero la realidad es que se está sobrecargando de trabajo a muchos médicos que tienen que asumir, mediante acumulación de servicios, las bajas no suplidas.

    Un nuevo ejemplo de estos recortes es la situación de Arapiles y su anejo de Las Torres que desde septiembre, cuando se jubiló su médico, están siendo atendidos por el de Miranda de Azán y Mozárbez. Según estimaciones de José Luis Sánchez, Teniente de alcalde de Miranda de Azán, “hasta fin de año, la sobrecarga de trabajo de este facultativo será de 80 acumulaciones”.

    Esto supone que de 700 usuarios el facultativo pasa a ser responsable de más de 1.100 aproximadamente, 300 de ellos registrados en las residencias de los municipios de Miranda de Azán y de Mozárbez, que requieren mayor atención por sus necesidades específicas, en una población que supera los 1.500 habitantes.

    Izquierda Unida considera que esta situación se hace insostenible en el tiempo, al tener que desplazarse cada semana a seis centros distintos y sumarse las visitas domiciliarias, reduce los tiempos de atención por paciente, así como los dias de consulta para la población de estos municipios y supone un auténtico desprecio por parte de la Consejería de Sanidad y de la propia Junta de Castilla y León a la salud de las poblaciones rurales citadas y al ejercicio y condiciones de la profesión médica.

    “Las acumulaciones de servicios no son retribuidas por lo que desde Izquierda Unida nos preguntamos en qué mejoras del sistema de atención primaria en el ámbito rural tiene pensado la Consejería de Sanidad invertir el dinero que se está ahorrando a costa de la precarización del servicio.” Señaló Francisco Javier Herrero, Responsable de Organización de IU Salamanca.
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  • IU-Equo presenta una enmienda a la totalidad de la ley de Diálogo Civil

    Sarrión “el Proyecto de Ley es puro postureo, apostamos por una mayor participación abierta a escala autonómica, provincial, local y comarcal” - 30/11/2018

    IU-Equo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Diálogo Civil al considerar que “no pasa de la mera buena voluntad para construir, en el seno de las instituciones, espacios para el diálogo, sin otra consecuencia que la mera exposición de puntos de vista, pero careciendo de la capacidad de ir más allá de la sola opinión sin más relevancia”, señala el procurador de IU-Equo, José Sarrión.

    “Se pervierte la participación con foros y otros espacios que no son vinculantes ni tienen capacidad decisoria, ni van a aportar nada. Es puro postureo para colgarse la medalla de la participación. Es una burla y una mala ley, con un objetivo electoralista”, ha denunciado.

    IU-Equo argumenta en la motivación de devolución del texto, que el Proyecto adolece de una carencia vital para ser una ley para la participación de la ciudadanía. Así, en su exposición de motivos, de forma demagógica, se explica que las consultas populares no pueden ser llevadas a cabo mediante el procedimiento de sufragio universal, ni con el gesto de depositar un voto en una urna, esta posición demuestra el verdadero motivo formal de este proyecto que está muy lejos de querer una verdadera implicación de la ciudadanía castellano y leonesa en los asuntos públicos.

    La propuesta de IU pasa por una participación social en todos los ámbitos, “no sólo autonómico sino provincial, local e incluso comarcal; por dar un sentido más profundo con la consulta popular -realizada como un referéndum aunque no sea vinculante, conforme dice la ley-; por eliminar el veto en las iniciativas ciudadanas; por recoger los presupuestos participativos en todas las escalas ; por los procesos de participación locales; y por educar y formar en participación”.

    “Se trata de institucionalizar la consulta referendaria para defender que será un ayuntamiento, una diputación y la Junta los que la tendría que organizar y subrayar su valor, aunque no sea vinculante; al igual que las resoluciones del Procurador del Común, que tienen una legitimidad moral aunque no se pueda forzar una decisión”.

    Estas consultas, se pueden pedir por 10.000 firmas de personas empadronadas en la Comunidad en el caso del ámbito autonómico y de un 10 por ciento en municipios de hasta 5.000 habitantes. El número de firmas sube en función de la población, que en el caso de municipios de más de 100.000 habitantes se fija en 6.150 más el 3 por ciento de los que excedan de 100.000 y hasta un límite máximo de 40.000 firmas.

    Igualmente, reduce a 16 años la participación y hasta los 14 años cuando la consulta sea de temas relacionados con juventud u ocio, ya que, quiere educar también en participación.más »
  • Rechazada la iniciativa de IU-Equo para adoptar medidas que frenen la dificultad de acceso a la energía y suministros básicos en los hogares de la Comunidad

    30/11/2018

    La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes ha rechazado la Proposición No de Ley presentada por IU-Equo en materia de pobreza energética. En concreto, la iniciativa contaba con seis puntos con un objetivo común, “garantizar el bienestar de las personas sin acceso a la energía y a los suministros básicos como al agua”.

    El Grupo parlamentario popular ha rechazado la iniciativa, mostrando su apoyo sólo a dos de los seis puntos demandados. Unas medidas que piden instan al Gobierno central a llevar a cabo actuaciones para poner en marcha la Tarifa Social; así como, la presentación de un Proyecto Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.

    Durante su intervención, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha recordado que “todas las personas deberían tener cubiertas estas necesidades básicas para poder hablar de vida digna”. En este sentido, ha criticado que “un hogar tenga que dedicar más del 10 % de sus ingresos para el gasto de suministros básicos”.

    Por este motivo, IU-Equo ha reivindicado la elaboración de un plan urgente que garantice los suministros vitales básicos, y la modificación de la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objetivo de establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico.

    Sarrión ha criticado la actitud de las compañías eléctricas, “mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social; y, concretamente, referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios”.
    Además, ha recordado que esta situación tiene una infinidad de efectos sobre la salud, los consumidores más vulnerables, la calidad del aire y bienestar y el medio ambiente.

    Para intentar paliar esta situación, IU-Equo ha propuesto generar un plan específico y con dotación presupuestaria anual para la regeneración de vivienda en cuanto a eficiencia energética, “priorizando las zonas degradadas económicamente con el fin de paliar las situaciones de vulnerabilidad energética”.

    Y, finalmente, encargar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa pública de distribución, “como paso indispensable para el avance de la soberanía energética y hacia la democratización de la producción y consumo de energía para el conjunto de la ciudadanía sin dependencia de las grandes multinacionales del sector”. más »
  • IU-Equo denuncia el adelanto sorpresivo del cierre del Presupuesto; un “recorte encubierto que deja en la estacada a usuarios de los servicios públicos, funcionarios responsables de pagos y empresas proveedoras

    27/11/2018

    El procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha exigido en sede parlamentaria, explicaciones y responsabilidades políticas por el adelanto sorpresivo del cierre de los pagos.

    Durante su pregunta oral, Sarrión ha recordado que el pasado 12 de noviembre, el ejecutivo autonómico, mediante comunicación informal, se ha informado “que desde el viernes 9 de noviembre no se podían autorizar gastos, ni disponer dinero, ni obligarse a pagar, en los referente a los capítulos 6 y 7 del presupuesto”.

    Una comunicación, advierte el procurador, que contradice con la Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se regulan las fechas de cierre del ejercicio económico de 2018, y donde el plazo que generalmente se indica para la mayor parte de los casos es el 5 de diciembre.

    “Es decir, por la vía de los hechos la Junta ha incumplido sus propios plazos, y ha adelantado un mes los pagos sin previo aviso”.

    Una actuación que para las escuelas taller, que tienen derecho a 35% de subvención, significa adelantar el salario del profesorado como del alumnado, seguros sociales e IRPF, materiales didácticos etc, advierte el procurador.

    Además, Sarrión pone otros ejemplos sobre las consecuencias de la medida adoptada, “los cursos para desempleados no recibirán (un año más) los adelantos a los que tienen derecho para el inicio de la subvención. En el caso de las academias que imparten cursos de formación a desempleados subvencionados por la Junta, sólo podrán impartir cursos aquellas academias o entes colaboradores que puedan asumir el gasto de un curso y no les importe que les paguen dentro de varios meses. Y también van a quedar afectadas las subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena para los jóvenes que están incluidos en el sistema de garantía juvenil, las subvenciones destinadas al desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en CyL, o las subvenciones que da la Consejería de Fomento y Medio Ambiente”.más »
  • Stop Uranio presenta sus reivindicaciones en las Cortes de Castilla y León

    27/11/2018

    La Plataforma Stop Uranio se ha reunido con la Presidenta de las Cortes de Castilla y León, compromiso adquirido tras la celebración del pleno de presentación del Procurador del Común, para trasladarle “el mal estar de la zona, y la situación de conflictividad social que vive la provincia de Salamanca, motivado por la instalación de una mina de uranio en el municipio de Retortillo (salamanca)".

    El portavoz de la Plataforma Stop Uranio, José Ramón Barrueco, ha advertido hoy de la posibilidad de que la multinacional Berkeley Minera busque indemnizaciones alegando retrasos en la tramitación de los permisos para la apertura de la mina de uranio en la provincia de Salamanca.

    “Existe una gran preocupación por los perjuicios para el turismo, el medio ambiente y la ganadería de esta zona salmantina regada por el río Yeltes”, recuerda el portavoz de la Plataforma, José Ramón Barrueco. Además, recuerda la gran preocupación por los nuevos permisos para la instalación de nuevas minas, planteados por Berkeley. “La Zona 7, como se denomina, está próxima a Villavieja de Yeltes. Aunque la concesión de explotación se solicitó en 2016, estamos esperando a que someta a información pública para presentar alegaciones”.

    “El proyecto, tal y como informa la Web de Bekeley, generará más riqueza de mineral, puesto que la producción se duplicará en un espacio con menor hectáreas. ¿En qué estado se encuentra?, esto es lo que queremos que la Presidenta nos informe.

    Barrueco recuerda que “Berkeley es la única responsable de las dilaciones en el procedimiento pero sigue la estrategia de no completar los informes para que se produzcan retrasos y poder reclamar indemnizaciones. Las administraciones han requerido a la empresa aclaraciones sobre diversos informes pero deja agotar los plazos, sirva de ejemplo la tramitación de la licencia urbanística, que Berkeley ha achacado a retrasos en el Ayuntamiento de Retortillo, cuando es debido a que no ha presentado el proyecto visado por un colegio profesional”.

    También ha achacado a la empresa el retraso en los permisos para el desvío de una carretera próxima debido a que la compañía minera no ha iniciado la compra de los terrenos necesarios mediante un procedimiento de expropiación para la construcción de una variante.más »
  • IU-equo y Gana Medina preguntan a la Junta de Castilla y León sobre el cierre de la planta de cirugía del Hospital Comarcal de Medina del Campo

    26/11/2018

    El procurador de IU-Equo ha registrado una serie de preguntas a la Junta de Castilla y León para exigirle que explique el motivo por el cual, de forma reiterada, se cierra esta planta, deteriorando con ello el servicio que presta dicho hospital a la comarca.

    “Desde la Consejería de Sanidad, se excusan en la realización de obras de acondicionamiento, en la menor demanda asistencial y en la necesidad de conciliar la vida familiar, para justificar el cierre de una planta de cirugía de nuestro Hospital Comarcal” ha explicado José Sarrión.

    De hecho, la consejería ya contestó a otras preguntas sobre esta misma cuestión presentada por IU-Equo. “En estas respuestas se comentó la transitorialidad de dicho cierre y que éste se circunscribía a la época estival al considerar que había menos demanda. Estamos a finales de septiembre, el verano ya ha pasado y la planta de cirugía sigue cerrada” ha expuesto Jorge Barragán, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medina del Campo.

    Este cierre obedece, según IU-Equo, más a la política de recortes que ha impuesto la Consejería de Sanidad y que no está enmendando, que a un esfuerzo para mejorar el servicio y adecuarlo, con los arreglos que pudieran precisarse, a las necesidades de Medina del Campo y la comarca a la que da servicio.
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  • Sarrión mantiene una reunión de trabajo con los⁄as cargos públicos de IU Valladolid

    22/11/2018

    El Coordinador de IUCyL y procurador de IU-Equo, José Sarrión, y el responsable de Política Institucional, Javier Yagüe, han mantenido una reunión de trabajo con los/as concejales/as de la provincias de Valladolid.

    Una reunión que ha tenido por objetivo rendir cuentas de la labor parlamentaria realizada en las Cortes de Castilla y León, y preparar el ciclo electoral, que culminará con las elecciones municipales y autonómicas en 2019.

    Tras analizar las diversas actuaciones y demandas llevadas a cabo por IU-Equo en el Parlamento autonómico, Sarrión ha querido anunciar el aumento progresivo en afiliación de IUCyL, el trabajo incesante de la labor comunicativa, especialmente a través de redes sociales y la realización de dos jornadas formativas en comunicación; y la transparencia al 100% de las cuentas de IUCyL.

    En referencia a los asuntos tratados, destaca la antena que el Ayuntamiento de Boecillo quiere instalar en el municipio, para lo que se presentarán preguntas escritas y documentación al ejecutivo autonómico; la construcción de un Centro de Salud en Aldeamayor, por la que se solicitará una reunión con el Consejero de Sanidad; las reivindicaciones de Laguna de Duero; la elaboración de un estudio de la situación en el medio rural en colaboración con todos los cargos públicos, así como, la redacción de una propuesta de transporte en Castilla y León.

    También se realizó hincapié en los logros conseguidos, como el caso del niño Aimar, donde IU-Equo consiguió modificar la Orden SAN/2013/2013 que regula las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para los usuarios de la sanidad de Castilla y León que se desplacen con fines asistenciales, y la obtención de un servicio de enfermería. Unas medidas que han conseguido ampliar los derechos de todos los niños y niñas en situación de discapacidad en Castilla y León. “Nuestro trabajo, poco a poco, escala de lo concreto a lo general”.
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  • IU-Equo propone sancionar a Empresas que tengan Brecha Salarial y obligatoriedad de Planes de Igualdad

    Sarrión “necesitamos una Ley de Brecha salarial que ponga fin a la discriminación en el SXX, porque es una de las mayores vergüenzas que tenemos como sociedad” - 20/11/2018

    IU-Equo ha presentado un conjunto de 31 enmiendas parciales al Proyecto de Ley por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial. Unas aportaciones que tienen como objetivo otorgar mayor entidad a la norma planteada por la Administración autonómica. “necesitamos una Ley de Brecha salarial que ponga fin a la discriminación en el S.XXI, porque es una de las mayores vergüenzas que tenemos como sociedad”, afirma el procurador de IU-Equo, José Sarrión.

    El conjunto de las enmiendas parciales gira en torno a ocho ejes. El primero, centrado en otorgar el carácter obligatorio de la adopción de planes de igualdad en las empresas. “Los planes no deben ser una característica que sume puntos para acceder a ayudas y subvenciones. Se trata de que aquello que como sociedad entendemos como obligatorio, así lo sea”.

    En el ámbito para conciliar la vida personal, laboral y familiar, “es fundamental para combatir la brecha salarial permitir unas condiciones que favorezcan conciliar as responsabilidades con el trabajo”, En este sentido, Sarrión ha puesto como ejemplo la apuesta por centros de día para personas mayores y/o con discapacidad.

    Como tercer eje, IU-Equo reivindica instituir la educación infantil de 0-3 años, pública y gratuita, con una previsión de plazas suficientes para dar cobertura en el ámbito rural y urbano.

    En referencia a las actuaciones discriminatorias que tengan como resultado una desigualdad de trato o de salario para las mujeres IU-Equo propone establecer un régimen sancionatorio. “Si queremos combatir la brecha salarial habrá que castigar a las empresas que lo hagan mal”.

    Además, se propone la creación de centros púbicos integrados de FP Bachillerato en todas las cabeceras de comarca de la Comunidad con el objetivo de favorecer la continuación de los estudios a las personas jóvenes del medio rural, sin tener que desplazarse lejos de su lugar de residencia; así como el aumento de las becas salario.

    El sexto eje gira en torno a las campañas permanente s de información y sensibilización. IU-Equo quiere que se tenga en cuenta a las Cátedras de Estudios de las universidades públicas de la Comunidad y el asociacionismo feminista. “Llevan años peleado por la igualdad, contra el machismo y el patriarcado. Su voz, militante y activista debe escucharse”.

    El séptimo punto hace referencia a una demanda social, sobre la que el Procurador del Común se ha pronunciado. Otorgar a los centros de educación infantil de personal de apoyo para a atención de la higiene de los alumnos.

    Finalmente, IU-Equo demanda que la Administración autonómica proceda a la equiparación completa de los permisos de paternidad y maternidad.más »