Izquierda Unida de Castilla y León califica de injusto el reparto de las escasas ayudas a las y los trabajadores en ERTE en nuestra comunidad.

Izquierda Unida de Castilla y León califica de injusto el reparto de las escasas ayudas a las y los trabajadores en ERTE en nuestra comunidad.

02/12/2020

El Boletín Oficial de Castilla y León de ayer, 30 de noviembre de 2020, publicaba 9 resoluciones, una por provincia, resolviendo las ayudas a las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19, convocadas por la Consejería de Empleo e Industria mediante Orden de 16 de julio de 2020, publicada en ese mismo Boletín Oficial el 23 de julio.

El resultado de tales resoluciones no podía ser más decepcionante: sólo una de cada cuatro personas solicitantes ha podido acceder a tales ayudas. El resto, esto es, más de 36.000 familias, según estimaciones de Comisiones Obreras, se han quedado fuera.

La escasa cuantía que la Junta de Castilla y León ha destinado a esas ayudas, fundamentales para muchas familias – hay que recordar que la prestación por desempleo a las personas trabajadoras en situación de ERTE es del 70% de su base reguladora, y teniendo en cuenta los bajos salarios que se perciben en esta Comunidad, perder un 30% de los ingresos puede suponer para cualquier familia la diferencia entre llegar o no a fin de mes -, hacía presagiar algo así. Destinar sólo 6 millones de euros a estas ayudas fue desde el principio una grave falta de sensibilidad hacia las personas trabajadoras. Decidir que la “forma de reparto” de esos escasos seis millones era “por orden de presentación” de las solicitudes es profundamente injusto y además ilegal.

La Ley General de Subvenciones regula que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Esto es, la concesión de las subvenciones ha de realizarse según unos criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Y esa es, además de la forma legal de conceder subvenciones con dinero público, la forma JUSTA de hacerlo.

Lo justo cuando el presupuesto es escaso, es conceder tales ayudas teniendo en cuenta las necesidades de quienes las solicitan: número de miembros de la unidad familiar, si poseen una vivienda en propiedad ya pagada o están pagando alquiler o hipoteca, si hay más ingresos en la unidad familiar y en qué cuantía, etc. Lo que desde luego no es ni puede ser un criterio ni legal ni justo es conceder tales ayudas a quien primero la solicita....

En el acuerdo para conceder estas ayudas COVID firmado en marzo de 2020 se decidió dejar fuera a los ERTES ETOP (ordinarios) y atender solo a los de fuerza mayor. Y además se empleó la expresión maliciosa “centros menores de 250 trabajadores”. Sin embargo, en el BOCYL de julio se publica “empresas menores de 250 trabajadores”, metiendo en un mismo saco a empresas grandes y pequeñas, lo cual deja fuera a sectores precarizados y feminizados (limpiadoras, trabajadores de hostelería, ayuda a domicilio… con el inri de que muchas de ellas son subcontratas de la propia Junta de Castilla y León). Como consecuencia de estas dos decisiones, UGT ya denunció en agosto que entre 30.000 y 40.000 trabajadores/as (y por tanto sus familias) quedaron fuera de las ayudas.

Se acaban de publicar otras ayudas en el marco del Diálogo Social que recuperan las ayudas a ETOP (5 millones de €) y ahora ya se corrige la terminología usando la expresión “centros” en lugar de “empresas”, pero ¿qué sucede con los excluidos? Ya no pueden presentarse a esta convocatoria. ¿Por qué no se les ha tenido en cuenta en el plan de choque que se ha hecho público hace dos semanas?
Esto es muy grave teniendo en cuenta que, de 204.000 trabajadores en ERTE en Castilla y León, 50.000 se encuentran sin ayudas.


Es una tomadura de pelo que la Junta de Castilla y León pretenda encima presumir de las ayudas concedidas. Esto es lo que al gobierno de nuestra Comunidad le preocupan las personas trabajadoras con bajos ingresos y sus familias.

Izquierda Unida de Castilla y León exige que se amplíe la cuantía de los complementos de los ERTEs para que cubra todas las solicitudes presentadas. No es justo que la Junta invierta más tiempo y recursos en la presentación de medidas que en las partidas presupuestarias para las medidas en sí. Que haya 36.000 personas que se queden sin esos complementos comprometidos por la Administración autonómica habla mal de las previsiones realizadas. Las medidas llegan tarde y con cantidades muy inferiores a las necesidades de los y las trabajadoras de Castilla y León.





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