IUCyL manifiesta su “preocupación” ante el Acuerdo Marco del ECyL y las con Agencias privadas de Colocación

La formación política denuncia que se trata de una privatización y un negocio, porque el ECyL dispone de personas dedicadas a estas funciones - 04/07/2017

IUCyL manifiesta su preocupación ante el Acuerdo Marco firmado entre el ECyL y las Agencias privadas de Colocación para colaborar en la inserción de personas desempleadas en e mercado laboral.

“La duplicidad de funciones, el coste para el contribuyente y las quejas que existen sobre este servicio” han motivado que el procurador de IU-Equo, José Sarrión, interrogue a ejecutivo autonómico por las cantidades “exactas” gastadas en Agencias de Colocación, qué medidas se han tomado para controlar que el servicio se preste de forma adecuada y cuál es la visión de las personas demandantes de empleo.

En la actualidad, el ECyL tiene destinados a la orientación laboral, un servicio de orientación de medios propios, un Programa de Orientación Formación e Inserción, un Programa de Orientación para el empleo y el autoempleo con entidades colaboradoras y Agencias de Colocación.

En este sentido, el procurador de IU-Equo interroga si recursos materiales, técnicos y humanos son suficientes para desempeñar adecuadamente la función encomendada, y si los recursos de las Agencias de Colocación son suficientes y homologables a otras entidades colaboradoras del ECyL.

Asimismo, y en referencia al sistema de gestión y las medidas empleadas “¿una persona desempleada sigue un solo programa?, ¿puede convocarse a lo mismo por varios entes o programas?, ¿Existe una duplicidad de servicio?

Y en el caso concreto del Acuerdo Marco, “¿cómo se controlan que las ofertas de empleo sean fruto de la intermediación y prospección con empresas?, ¿y en el caso de ofertas exclusivas de las Agencias de Colocación?; ¿Se informa y notifica a los demandantes conforme a la legislación vigente?, ¿se cumple la Ley de Protección de Datos al cederse estos a las Agencias de Colocación?”

Finalmente, en referencia las irregularidades y amenazas recogidas por medios de comunicación, Sarrión interroga si se han verificado las presuntas irregularidades, si han existido reclamaciones, cuál ha sido la respuesta de la administración autonómica, qué actuaciones se han puesto en marcha.


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